Editorial.



Retenciones sufridas improcedentes

18/03/16

La ley de procedimiento fiscal 11683 (t.o.1998 y modif.) en su artículo 14 dispone que cuando en la declaración jurada se computen retenciones improcedentes contra el impuesto determinado, será suficiente la simple intimación de pago de los conceptos reclamados sin que sea necesario recurrir para su impugnación al procedimiento normado en los artículos 16 y siguientes de esa ley.

Si partiendo de ese art.14, nos detenemos a pensar en posibles situaciones de improcedencia de retenciones de IVA, a la luz de los programas aplicativos utilizados en la liquidación de los tributos tales como el SI.CO.RE, debemos coincidir en que el espectro es absolutamente acotado, ya que para que un contribuyente pueda deducir ese concepto en su declaración jurada, es necesario que el comprador que se encuentra del otro lado de la relación comercial, haya efectuado y comunicado al organismo recaudador el acto retentivo a su cargo, y haya emitido el certificado a favor del sujeto retenido. Vemos que, “prima facie”, resulta muy difícil calificar una retención en sí misma como “improcedente”, porque es un acto que desde su génesis excede la unilateralidad (lo que implica un mayor control) y cuenta con la garantía que le otorga la publicidad propia del sistema. Es decir, para ser computada debe haber sido declarada por el comprador en el SI.CO.RE, lo que además asegura la existencia de CUIT activa del agente de retención, presunción de giro comercial y demás hechos que se dan por supuestos en una economía en andamiento y que no abonan, en principio, a favor de la improcedencia de la retención.

Aunque bien puede ocurrir que la venta no se haya, en verdad, realizado; lo cual haría caer la retención consecuente. Pero este ya es un tema que supera la improcedencia de la retención, en tanto estaríamos metiéndonos de lleno en el ámbito de los ingresos, de las ventas, es decir, en aspectos relativos a la base imponible, lo que habilitaría el procedimiento previsto en el artículo 17 de la ley 11683, correspondiente a la determinación de oficio, saliéndonos de la órbita de la mera intimación de pago.

En zona sur de la provincia de Santa Fe y parte de la de Córdoba, durante el año 2015 se efectuaron requerimientos a contribuyentes solicitando la puesta a disposición de registros y documentación respaldatoria de determinadas operaciones de venta que daban lugar a retenciones de IVA que fueron oportunamente computadas por esos contribuyentes en sus declaraciones juradas.

Con posterioridad al requerimiento, habiendo mediado entrega suficiente de información o no, el Jefe de Agencia intimó al pago en virtud del citado artículo 14 de la L.P.T., argumentado que ninguno de los agentes de retención se encontraba incluido en la nómina de Agentes de Retención obligados que dispone la RG AFIP 2854/2010, ordenando la rectificación de las declaraciones juradas de IVA de los períodos involucrados y el ingreso del saldo resultante - que consistía en la sumatoria de las deducciones consideradas improcedentes - con más los intereses resarcitorios.

Este accionar del fisco pone en evidencia una causal formal de improcedencia de una retención: “no inclusión del agente de retención en la nómina”, que si bien no invalidaría la realidad de una operación, tiene el efecto de condicionar su cómputo.

A modo de digresión, surge de esta interpretación que la nómina de Agentes de Retención que dispone la RG AFIP 2854/2010 no solo obliga al contribuyente que allí está inscripto a efectuar la retención, sino que también obliga al no inscripto a no efectuarla, pero en este caso las consecuencias disvaliosas son para el sujeto retenido.

Por ello es que el fisco entiende aplicable el art.14 y, más allá de la mayor o menor información que le haya sido brindada, intima el pago de los conceptos que considera improcedentes.

Sin embargo esta situación, lejos de dirimirse por el camino más corto y de clara finalidad recaudautoria, torna aplicable el articulo 34 de la ley 11683, que textualmente establece: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a la utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones en cuyo caso los contribuyentes que no utilicen tales medios o formas de comprobación quedarán obligados a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados” (el resaltado me pertenece)

Tal como se desprende de los textos resaltados en negrita, en los casos bajo análisis la AFIP ha condicionado el cómputo de las retenciones de IVA sufridas, a la inclusión del comprador en la nómina de los Agentes de Retención obligados que dispone la RG AFIP 2854/2010.

Cabe señalar, no obstante, que no existe en el caso de retenciones una norma expresa haciendo referencia a una determinada forma de comprobación o a la utilización de determinados elementos o instrumentos para condicionar su cómputo, como sí ha ocurrido con los medios de pago que fueron exigidos por la ley 25345, cuyo artículo 2º les asignaba trascendencia tributaria. La existencia de norma expresa brinda certeza al momento de interpretar si un hecho cae dentro o fuera de la órbita de lo regulado, más allá de su constitucionalidad o no, lo que podrá dar lugar a un debate de otro orden.

Lo cierto es que al no haber utilizado la forma de comprobación requerida por el organismo (corroborar que el comprador sea agente de retención de IVA) operaría, en consecuencia, la última parte del párrafo del art.34 transcrito, que es la que obliga al contribuyente a acreditar la veracidad de las operaciones para poder computar las deducciones, en este caso, las retenciones de IVA sufridas.

El artículo 34 es, en este sentido, terminante. No dice que el contribuyente “podrá” acreditar la veracidad de las operaciones, sino que “quedará obligado”. Con lo cual, si el contribuyente debe demostrar algo obligatoriamente, también es obligatorio que el fisco habilite el acceso a dicha instancia de demostración.

En consecuencia, no procedería la intimación de pago del articulo 14 ley 11683, en tanto impide tenga lugar la demostración de la veracidad de las operaciones que dieron origen a tales retenciones o deducciones.

Verónica Cicchitti | Contadora

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